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Ayudas para jóvenes, para hogares con ingresos limitados o para la construcción de VPO. Descubre las más importantes
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¿Eres joven y buscas un alquiler asequible? ¿Tienes una casa vacía y te gustaría reformarla para ponerla en alquiler? El nuevo Plan de Vivienda 2026-2030 llega con novedades importantes para promover la vivienda protegida y la mejora del parque de viviendas existente, entre otras medidas.
El Gobierno ha aprobado el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, un documento maestro que llega para establecer las políticas públicas de vivienda durante los próximos cinco años.
Este plan estará dotado con 7.000 millones de euros, de los cuales el Estado aportará el 60 % y las comunidades autónomas, el 40 %.
El nuevo plan contiene ayudas para promover el alquiler asequible y el aumento del parque de vivienda protegida.
También establece novedades respecto a las nuevas VPO que se construirán, que ya no perderán su protección con el paso de los años, tal y como ocurría hasta ahora.
Además, el plan contempla incentivar el alquiler de estos inmuebles frente a la propiedad, aunque también contempla algunas ayudas a la compra de viviendas para jóvenes.
Asimismo, buscar animar a propietarios de viviendas vacías a rehabilitarlas y ponerlas en alquiler asequible o incluso cederlas a la Administración a cambio de una renta y una ayuda adicional.
A diferencia del real decreto que prorroga la duración de los alquileres, el nuevo plan de vivienda del Gobierno no requiere aprobación parlamentaria, por lo que su implementación y ejecución entrarán en vigor de inmediato.
Tras una serie de trámites y reuniones previas, se aprobará la distribución de los fondos entre las comunidades autónomas. Se espera el despliegue efectivo del plan y sus ayudas para la segunda mitad de este año.
Las ayudas contempladas en este plan serán gestionadas por las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en la materia.
El nuevo plan de vivienda aprobado por el Gobierno se articula en torno a tres grandes líneas de actuación estratégicas para garantizar el derecho a la vivienda y responder a los desequilibrios del mercado.
A continuación, se detallan las tres líneas y las principales ayudas que contempla el plan para cada una de ellas.
El plan contempla ayudas directas al pago del alquiler o la compra para facilitar el acceso a la vivienda.
Se le destinará el 30 % del presupuesto. Las cuantías máximas contempladas, a falta de que cada comunidad autónoma fije los importes exactos, son las siguientes:
Hasta 250 euros mensuales para vivienda o 150 euros para habitación, con un límite del 40 % de la renta, para familias cuyos ingresos no superen 5 veces el IPREM. El alquiler no podrá superar los 1.000 euros al mes si se alquila la vivienda completa, o los 600 en el caso de una habitación.
Ese límite de ingresos aumenta en ciertos casos, como familias numerosas o con miembros con discapacidad, hasta 5,5 o 6 veces el IPREM de 14 pagas—que, recordemos, en 2026 equivale a 8.400 euros anuales— según el caso. También la renta máxima del alquiler, que en estos casos sería de 1.600 euros.
En este caso, la ayuda aumenta hasta los 300 euros mensuales para vivienda (50 euros más que el bono alquiler joven vigente hasta ahora) o 200 euros para habitación, con un límite del 60 % de la renta.
Ayuda de hasta el 100 % de la renta (máximo 1000 euros/mes) y hasta 300 euros adicionales al mes para gastos de suministros y comunidad para personas víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio, sin hogar y otros colectivos vulnerables.
En municipios de menos de 10.000 habitantes o con riesgo de despoblación, se otorgan ayudas de hasta 15.000 euros por vivienda (límite del 20 % del precio de compra).
Alquiler con opción a compra de viviendas protegidas para jóvenes hasta 35 años: hasta 33.600 euros de ayuda más un porcentaje por vivienda para promover esta figura.
Esta línea estratégica está orientada a mejorar la eficiencia energética, la seguridad y la accesibilidad del parque de viviendas existente. Recibirá el 30 % del presupuesto y contempla ayudas a la rehabilitación de edificios colectivos y viviendas unifamiliares:
Hasta 8.000 euros por vivienda (40 % del coste), pudiendo llegar a 12.000 euros (60 %) si se combina con otras actuaciones.
Generalmente 13.000 euros por vivienda (65 % del coste), pero aumenta a 18.000 euros si reside un mayor de 65 años o persona con discapacidad, y hasta 20.500 euros (80 % del coste) si la discapacidad es del 33 % o superior y hasta 22.000 sin son obras para la accesibilidad universal de personas con discapacidad, vivan en el inmueble o no. Estas ayudas cubren desde la instalación de ascensores y videoporteros a domótica para ayudar a mayores o personas con discapacidad.
Las cuantías máximas oscilan entre 13.000 euros y 20.500 euros por vivienda (cubriendo del 65 % al 80 % del coste) en función de si residen en el edificio personas mayores y/o con discapacidad.
A las anteriores se pueden sumar ayudas extra de hasta 30.000 euros por obras en edificios con protección patrimonial.
Esta línea tiene como prioridad aumentar el parque público y protegido de forma permanente. Debe recibir el 40 % de la financiación total del plan y moviliza ayudas tanto para construir viviendas protegidas como para incorporar otras ya construidas.
Los propietarios que cedan viviendas vacías a las entidades designadas para alquiler asequible o social podrán recibir hasta 600 euros al mes de ayuda, que se sumará a la renta por el alquiler, que en ningún caso superará los 600 euros mensuales. La cesión deberá durar un mínimo de siete años.
A esa ayuda se suman otras de hasta 12.000 euros para obras de habitabilidad previas y de 18.000 euros para reparaciones al finalizar la cesión.
La ayuda general es de hasta 1.000 euros por metro cuadrado útil, con un máximo de 85.000 euros, sin superar el 70 % de la inversión, salvo en dos casos:
Estas subvenciones son para VPO de construcción pública o público-privada. Las viviendas quedarán protegidas indefinidamente y se destinarán en su mayoría a alquiler como mínimo 50 años. La renta máxima será el primer año de 8 euros el metro cuadrado útil, aunque este umbral podrá modificarse mediante un convenio con la comunidad autónoma.