La dimensión económica de la canción del verano

C. Tangana, Justin Bieber, Lola Índigo, Sebastián Yatra, Dua Lipa y Omar Montes pugnan por conseguir que sus temas sean la canción del verano 2021. Pero ¿sabes qué beneficios económicos tendrán si lo consiguen?

Para entender el impacto económico de un éxito estival, viajamos al verano de 2017, cuando Luis Fonsi y Daddy Yankee lanzaron ‘Despacito’, un tema que ocupó el puesto más alto en las listas de éxitos de todo el mundo y que reventó Youtube.

Antes de entrar en detalle, has de saber que una canción tiene dos tipos de derechos de autor:

• Derechos de creación: corresponde a la autoría de la música (partitura y arreglos) y letra.
• Derechos del máster: corresponde a la grabación concreta de la canción. Hay que tener en cuenta que una canción puede ser grabada en diversas ocasiones y por artistas diferentes.

Estos derechos cubren la reproducción, la distribución (poner la canción al alcance del público), la preparación de obras derivadas (por ejemplo, samplers), ejecución (interpretación en directo) y exhibición.

De ahí que las canciones generen diversas fuentes de ingresos:

• Venta de soportes físicos: la venta clásica de CD, vinilos…
• Venta de soportes digitales: cuando compras el tema en iTunes o Tidal.
• Reproducciones en soportes online: plataformas como Spotify o Youtube.
• Reproducciones en medios: radios, televisiones.

Si aplicamos esto al caso de ‘Despacito’, las cifras son estratosféricas: más de 7.000 millones de reproducciones en YouTube, más de 1.000 millones de reproducciones en Spotify y más de 21 millones de singles (en formato físico y digital) vendidos en todo el mundo.

Por cada reproducción en YouTube, se pagan de derechos unos 500 euros por cada millón de reproducciones, mientras que Spotify paga unos 0,30 euros por cada reproducción. La descarga de una canción suele costar 1 euro, mientras que la versión física en CD (‘Despacito’ solo se ha editado en CD en formato single) ronda los 5 euros. Con estas referencias, podemos estimar que el tema de Luis Fonsi y Daddy Yankee ha generado alrededor de 26,5 millones de euros en estos soportes, sin contar con los derechos de reproducción en todo el mundo y otros ingresos.

Sin embargo, no todo este dinero va a sus bolsillos, ya que han de pagar derechos a los autores de la canción. Para grabarla, pagaron a unos productores, a un estudio y a unos músicos. Una vez editado el máster, han tenido el management de una discográfica, con sus acciones promocionales. En la realización del videoclip ha participado todo un equipo de producción, realización y edición audiovisual, además de coreógrafos, estilistas, bailarines, catering… prácticamente un rodaje.

Por otro lado, Luis Fonsi y Daddy Yankee han tenido otra importante fuente de ingresos: los conciertos. De hecho, hasta la irrupción de la pandemia de COVID-19, la interpretación en directo había tomado mucha relevancia en los ingresos de los artistas, ya que los formatos digitales habían menguado sus beneficios respecto a hace dos décadas, en las que la venta física de música dejaba importantes beneficios a la industria. Aunque, una vez más, todo ingreso conlleva sus correspondientes gastos.

La industria musical, un sector en alza

Aunque la COVID-19 frenó en seco giras y festivales, la industria musical está registrando crecimientos en 2020 y 2021: más de 400 millones de personas pagan suscripciones a plataformas de música online, cuadruplicando la cifra de 2019, cuando solo 100 millones de personas lo hacían.

El negocio de la música en streaming factura al año en suscripciones alrededor de 1.700 millones de euros. De hecho, en mayo de 2020, Goldman Sachs actualizó la previsión de crecimiento de la industria musical y auguró que los directos, la grabación y edición de música facturarán anualmente más de 128.000 millones de euros en 2030.

En España, la industria musical mueve 7.600 millones de euros, un 0,6 % del PIB, según el informe sobre el impacto económico de la música en España de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). En Estados Unidos, el impacto asciende a 162.000 millones de euros, lo que significa un 0,9 % del PIB, según datos de 2018 del informe RIIA.