Electrificación, residuos, ciudades y financiación marcarán una cumbre centrada en acelerar la implementación
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La COP31 es la conferencia climática de Naciones Unidas que se celebrará en Antalya (Turquía) del 9 al 20 de noviembre de 2026. La cumbre continuará las negociaciones internacionales sobre cambio climático y pondrá especial atención en trasladar compromisos a acciones mediante electrificación, ciudades resilientes, gestión de residuos y financiación.
El 9 de noviembre comienza en Antalya (Turquía) la COP31, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático . Durante casi dos semanas, representantes de gobiernos y organizaciones internacionales debatirán cómo reforzar la respuesta global frente al calentamiento del planeta.
Cada cita anual se celebra en un contexto en el que los efectos del cambio climático son cada vez más visibles. En España, por ejemplo, la temperatura media ha aumentado alrededor de 1,7 °C desde la época preindustrial. Unos 1,3 °C de ese incremento se han producido en los últimos 60 años, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) . En la España peninsular, los cuatro años comprendidos entre 2022 y 2025 fueron los más cálidos de la serie iniciada en 1961.
El incremento del calentamiento global agrava los riesgos climáticos. Sus efectos varían según el territorio y el fenómeno considerado, y los daños dependen también de la exposición y la vulnerabilidad de las personas, los ecosistemas y las actividades económicas.
Aunque estas conferencias suelen concentrar la atención mediática y generar grandes titulares, su relevancia va más allá de los acuerdos que puedan alcanzarse en cada edición.
Las COP forman parte de un proceso de negociación continuo que se desarrolla a lo largo de los años. Las decisiones adoptadas en una cumbre sirven de base para el trabajo de las siguientes, que evalúan los avances logrados e intentan resolver las cuestiones pendientes.
La COP31 tampoco parte de cero. Llega tras décadas de negociación internacional y en una etapa en la que la atención se centra cada vez más en la aplicación efectiva de los compromisos adquiridos. El reto ya no es solo fijar objetivos, sino trasladarlos a la economía real y convertirlos en medidas concretas capaces de acelerar la transición hacia un modelo más sostenible.
Las siglas COP corresponden a la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En estas reuniones participan los países que forman parte de la Convención y que negocian la respuesta internacional frente al calentamiento del planeta.
Uno de los principales hitos de este proceso fue el Acuerdo de París , adoptado en la COP21 de 2015. El acuerdo estableció el objetivo de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC respecto a los niveles preindustriales y continuar los esfuerzos para limitarlo a 1,5 ºC.
Desde entonces, cada cumbre ha ido incorporando nuevas decisiones y desarrollando asuntos procedentes de las anteriores. Esa continuidad permite entender por qué el resultado de una COP no puede valorarse de manera aislada.
La COP27, celebrada en 2022 en Egipto, puso especial atención en las consecuencias que el cambio climático provoca en los países más vulnerables. Uno de sus principales resultados fue el acuerdo para crear un fondo destinado a responder a las pérdidas y daños asociados al calentamiento global.
La COP30, celebrada en 2025 en Brasil, continuó el recorrido de las negociaciones climáticas desde un lugar estrechamente vinculado a otro gran reto ambiental: la conservación de la naturaleza.
La relación entre ambos asuntos es relevante. La pérdida de ecosistemas reduce su capacidad para absorber carbono, mientras que el calentamiento acelera el deterioro de los hábitats. Este vínculo refuerza la necesidad de abordar la acción climática y la protección de la naturaleza de forma conectada.
La COP31 recibe ahora ese trabajo acumulado con el propósito de acelerar la aplicación de los compromisos climáticos. Su agenda pone el foco en ampliar la electrificación, contener el crecimiento de los residuos y construir ciudades más resilientes y eficientes.
También seguirá impulsando las redes eléctricas y el almacenamiento de energía, un ámbito que ya cobró relevancia en la COP30. El interés de la cumbre estará, por tanto, en comprobar cómo estos objetivos pueden traducirse en proyectos sobre el terreno y en una mayor claridad sobre las necesidades de financiación.
La acción climática suele abordarse desde dos perspectivas complementarias. Una busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y potenciar los sumideros de carbono que retiran estos gases de la atmósfera. La otra trata de preparar a la sociedad y a la economía para los efectos del cambio climático que ya se producen o que pueden aparecer en el futuro.
La primera perspectiva se conoce como mitigación. Abarca cambios en la generación de energía y mejoras de eficiencia, además de la transformación de actividades que todavía dependen en gran medida de los combustibles fósiles.
La segunda es la adaptación. Se ocupa de reducir la vulnerabilidad de las personas y de los territorios. También afecta a las infraestructuras y a las actividades económicas expuestas a fenómenos climáticos.
Mitigación y adaptación no son caminos alternativos. Reducir las emisiones ayuda a limitar la evolución futura del calentamiento. Al mismo tiempo, la adaptación permite anticiparse a efectos que pueden afectar de manera diferente a cada territorio y a cada sector.
El cambio climático también plantea dos clases de riesgos para la economía. Los riesgos físicos derivan tanto de fenómenos meteorológicos extremos como de cambios graduales del clima, como el aumento de las temperaturas o del nivel del mar. Los riesgos de transición, en cambio, están asociados a los cambios normativos, tecnológicos, de mercado y reputacionales derivados de la transición hacia una economía baja en emisiones.
Las decisiones adoptadas en una cumbre climática orientan las políticas que después desarrollan los gobiernos. Pueden impulsar cambios regulatorios y facilitar infraestructuras que ofrezcan un marco más estable para la inversión.
A partir de ese marco, las empresas deben trasladar los objetivos generales a su propia actividad. Para algunas, el siguiente paso puede consistir en mejorar la eficiencia de sus instalaciones. Para otras, supondrá incorporar energías renovables o transformar sus procesos productivos. Cada sector tiene necesidades diferentes y no todas las organizaciones parten del mismo nivel de preparación.
Es entonces cuando aparecen las necesidades de financiación climática. El sistema financiero puede canalizar recursos hacia proyectos viables y valorar los riesgos que acompañan a una transformación de largo plazo. También puede mantener un diálogo con las empresas para comprender su situación y conocer sus estrategias de descarbonización.
El enfoque climático de CaixaBank recoge esta relación entre financiación y acompañamiento. La entidad contempla el diálogo con los clientes para conocer sus estrategias y apoyarlos en la transición hacia una economía neutra en carbono. Esta aproximación se enmarca en una respuesta al cambio climático que requiere colaboración entre el sector público y el privado, con la participación de la sociedad.
Los efectos de este proceso llegan finalmente a decisiones cercanas. La eficiencia de una vivienda influye en la energía necesaria para mantenerla, mientras que las alternativas de movilidad dependen de las infraestructuras disponibles. También puede cambiar la forma en que las ciudades se preparan ante episodios climáticos más intensos.
La transición conecta así distintos niveles de actuación. Los acuerdos internacionales señalan una dirección y los gobiernos crean las condiciones para avanzar. Las empresas convierten esa orientación en proyectos, mientras que la financiación ayuda a hacer posibles las inversiones. Sus resultados terminan formando parte de la vida cotidiana.
La Presidencia de la COP31 ha presentado una Agenda de Acción con iniciativas y metas para acelerar la implementación climática. Estas propuestas complementan el proceso formal de negociación y no constituyen, por sí mismas, acuerdos adoptados por los países.
La electrificación será uno de los asuntos centrales. Entre los objetivos anunciados para la cumbre figura elevar del algo más del 20 % actual al 35 % en 2035 la proporción de la demanda final de energía cubierta por electricidad. Para avanzar hacia esa meta será necesario ampliar la generación renovable y reforzar las redes eléctricas y el almacenamiento.
La gestión de los residuos tendrá también un objetivo cuantificado. La Agenda de Acción de la COP31 plantea reducir a la mitad su crecimiento global para 2035. En las ciudades, la meta consiste en disminuir al menos un 25 % la intensidad del consumo energético de los edificios en ese mismo horizonte.
La agenda incorpora además un Puente de Implementación Climática, concebido para conectar las prioridades climáticas de los países con sus objetivos económicos y de desarrollo, y favorecer que la financiación llegue con mayor rapidez a las actuaciones. La cumbre permitirá comprobar cómo se concretan estas metas y qué vías se proponen para convertirlas en proyectos.
Una conferencia no resuelve por sí sola la transición. Puede establecer una dirección y facilitar la cooperación, pero el avance se produce cuando los acuerdos se incorporan a las políticas públicas y a las decisiones de inversión.
Turquía concentrará durante unos días la atención climática internacional. Después llegará la parte menos visible y más prolongada del proceso. Será el momento de convertir las decisiones en proyectos y adaptar su aplicación a la realidad de cada sector. Porque la respuesta al cambio climático se negocia a escala global, pero toma forma en la economía cotidiana.
Para la redacción de este artículo se han utilizado las siguientes fuentes


