Impuestos medioambientales: paga el que contamina

Tanto en el caso del IBI como en el del impuesto de circulación se hace referencia a bonificaciones, a premios fiscales por apostar por tecnologías y usos más eficientes de la energía. Se reduce la carga tributaria para incentivar el uso de opciones más sostenibles, más verdes. O, lo que es lo mismo, las actividades más contaminantes pagan más impuestos.

Son los ejemplos más claros de la creciente tendencia a desarrollar impuestos verdes. En la UE tienen su propia agenda de reforma tributaria medioambiental (ETR), pero en todo el planeta se repiten este tipo de iniciativas en administraciones locales, regionales y estatales. El principio que rige es sencillo: quien contamina paga.

¿Qué es la tributación medioambiental?

Los impuestos medioambientales se pueden orientar a penalizar los efectos nocivos de ciertas actividades humanas, por ejemplo las relacionadas con la producción de energía, las emisiones gases contaminantes o el transporte. Entre estos, encontramos los impuestos a los hidrocarburos (más de la mitad de lo que pagamos por llenar el depósito en una gasolinera se va en tributos) o el impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero.

Pero también pueden utilizarse para potenciar y favorecer conductas más sostenibles, en este caso hablaríamos de descuentos o bonificaciones como los comentados en el impuesto de circulación de coches híbridos o las viviendas eficientes.

En esta misma línea actúa también el carbon pricing del que ya hemos hablado en este blog. Consiste en el establecimiento de un precio y un mercado funcional para las emisiones de CO2, en el que países y empresas puedan negociar de un modo transparente y seguro sus cuotas de emisiones. De este modo, si contaminar tiene un coste, se incentiva dejar de hacerlo.

Poca implantación en España

Aunque en términos de concienciación se están dando pasos importantes, España sigue a la cola de la UE en importancia de los impuestos medioambientales. Esos ejemplos del IBI o el impuesto de circulación vendrían a demostrar esta premisa: los ayuntamientos dan pequeños pasos pero quien tiene peso económico es la industria energética.

La última edición del informe Impuestos energético-ambientales (PDF), el más completo sobre este tema en España, corresponde al año 2013. En sus conclusiones, señala que “España presenta una situación relativamente anómala en relación con los países de su entorno, con una imposición energético-ambiental por debajo de la media”.

El año siguiente, el último del que hay registros, poco habían cambiado las cosas, tal y como refleja este gráfico, con datos del Eurostat, de los ingresos por impuestos medioambientales con respecto al PIB de cada país:

España ese año recaudó un 1,85% de su PIB gracias a impuestos medioambientales, lo que la sitúa en el cuarto peor puesto del ranking y muy lejos del líder, Dinamarca, que se situaba en el 4,08%. Por eso no resulta extraño que los autores del informe citado señalen que estos tributos “pueden jugar un papel más relevante en las políticas ambientales, energéticas y fiscales de nuestro país”.